Hace poco más de un año, el gobierno pro-ruso de la ex república soviética, liderado por el primer ministro Irakli Kobajidze, retiró el proyecto de ley sobre transparencia de influencia extranjera, conocido popularmente como la ley de agentes extranjeros. Ahora, este proyecto vuelve a ser introducido para ser debatido en el parlamento.
La narrativa histórica de Georgia en el dominio público tiene un fuerte enfoque en la lucha por la libertad de Rusia y la preservación de la independencia. Sin embargo, treinta y tres años después, la narrativa histórica predominante aún retrata al país como vulnerable y enfrentando amenazas existenciales a su soberanía.
Contexto histórico
Georgia fue absorbida por el Imperio Ruso en el siglo XIX. Después de ser independiente durante tres años tras la revolución rusa, fue incorporada a la fuerza a la Unión Soviética en 1921 y recuperó su independencia con la disolución de la URSS en 1991.
Después de la Revolución Rusa de 1917, Georgia declaró su independencia el 26 de mayo de 1918, en medio de la Guerra Civil Rusa. En febrero de 1921, el Ejército Rojo Ruso derrotó a Georgia y estableció un gobierno comunista títere liderado por el bolchevique georgiano Filipp Makharadze. El dominio soviético se consolidó después de reprimir brutalmente una revuelta en 1924. Georgia fue incorporada a la República Socialista Soviética de Transcaucasia y en 1936 se convirtió en la República Socialista Soviética de Georgia.
Georgia fue la primera república soviética en buscar la independencia. En 1991, los tanques soviéticos sofocaron manifestaciones pacíficas masivas en la capital georgiana en Tbilisi, desencadenando un movimiento antisoviético similar al de las repúblicas bálticas.
El 9 de abril de 1991, poco antes del colapso de la URSS, Georgia declaró su independencia. El 26 de mayo de 1991, Zviad Gamsakhurdia fue elegido primer presidente de Georgia independiente, pero pronto fue derrocado en un sangriento golpe de Estado, tras la irupcion de una guerra civil que incluyó la intervencion de tropas rusas. Él gobierno militar provisional impuso a un antiguo lider comunista, Eduard Shevardnadze, al mando de Georgia, aumentando así la influencia rusa en la política local como también las tensiones entre los lideres y él pueblo georgiano.
En las elecciones de noviembre de 1995, fue elegido con el 70% de los votos. Luego, obtuvo un segundo mandato en abril de 2000, en unas elecciones que se vieron empañadas por denuncias generalizadas de fraude electoral.
Las regiones de Abjasia y Osetia del Sur se vieron envueltas en disputas con separatistas locales que llevaron a una violencia étnica generalizada. Apoyadas por Rusia, Abjasia y Osetia del Sur lograron la independencia de facto de Georgia, careciendo de reconocimiento internacional más alla de Moscu.
En 2003, el creciente descontento público por la extrema corrupción del gobierno, los servicios gubernamentales ineficaces y un intento del gobierno de manipular las elecciones parlamentarias desató protestas generalizadas, bautizadas como la Revolución de las Rosas, que llevaron a la renuncia del presidente Eduard Shevardnadze, quien había gobernadodesde 1995.
Nuevas elecciones en 2004 llevaron al poder a Mikheil Saakashvili y su partido Movimiento Nacional Unido (MNU). Saakashvili avanzó en reformas económicas y de gobernanza, pero enfrentó acusaciones de abuso de poder.
El proceso de liberalización y modernización del país caucasico se complicó cuando el apoyo ruso a las regiones separatistas de Abjasia y Osetia del Sur llevó a un conflicto de cinco días entre Rusia y Georgia en agosto de 2008, que incluyó la invasión de grandes partes del territorio georgiano por parte de Rusia. Conflicto armado que coincide con las pretensiones de Georgia, y Ucrania también, de en algún momento unirse a la Organización del Tratado del Atlántico Norte, algo que no es del mayor agrado del gobierno ruso.
Inicialmente, Rusia se comprometió a retirar la mayor parte de sus unidades militares del territorio georgiano, pero luego, para fines de agosto y escalando aún más él conflicto, reconoció unilateralmente la independencia de Abjasia y Osetia del Sur, y las fuerzas militares rusas han permanecido en esas regiones.
Unión Europea y Georgia
Georgia solicitó la adhesión a la Unión Europea en marzo de 2022, sin embargo, persisten desafíos en su posible membresía, desde las influencias rusas hasta las complicaciones y problemas internos hacia Georgia.
El proceso de incorporación a la UE implica una evaluación de la estabilidad de las instituciones democráticas de un país y la fortaleza de su economía. La Comisión Europea emite una opinión detallada sobre la solicitud de un país, recomendando su aceptación como candidato oficial o delineando reformas necesarias para lograr dicho estatus. Una vez otorgado el estatus de candidato, un país puede negociar un plan de adhesión. Sin embargo, la candidatura oficial no garantiza automáticamente la membresía, como lo es el caso de Turquía, que ha sido candidata desde 1999.
A pesar de celebrar elecciones competitivas regulares y contar con sectores mediáticos y de la sociedad civil muy activos, Georgia enfrenta influencias oligárquicas en sus asuntos políticos y ataques físicos contra figuras de la oposición. La corrupción en el gobierno persiste y la libertad de prensa se ve socavada por la intimidación y la presión contra periodistas.
Recientemente, la UE ha advertido a Georgia que las propuestas que han generado miles de protestas en las calles en las últimas semanas son incompatibles con los valores europeos. Según el principal diplomático del bloque, Josep Borrell, la aprobación de la ley de agentes extranjeros, así como las nuevas propuestas del gobierno para reprimir los derechos LGBTQ+, “impactarían negativamente el progreso de Georgia en su camino hacia la UE”.
Sistema político en Georgia
El sistema político de Georgia se caracteriza por su sistema parlamentario, donde el presidente ejerce la jefatura del Estado, la máxima autoridad de las Fuerzas de Defensa y las Relaciones Exteriores. Hasta 2018, el presidente era elegido democráticamente, pero a partir de 2024 será designado por el parlamento. El parlamento, unicameral, está compuesto por 150 escaños, de los cuales 73 son asignados por distritos mediante un sistema mayoritario y los restantes 77 por medio de un sistema proporcional. Actualmente, el oficialismo controla 83 escaños, distribuidos entre el partido Sueño Georgiano (74) y Fuerza del Pueblo (9).
El primer ministro ejerce como jefe de gobierno, con poderes ejecutivos primarios, mientras que el presidente actúa como jefe de Estado ceremonial y comandante en jefe de las fuerzas armadas. Según las modificaciones constitucionales aprobadas en 2017, el presidente elegido en 2018 cumplirá un mandato de seis años. Posteriormente, un colegio electoral de 300 miembros, compuesto por legisladores nacionales y funcionarios regionales y locales, elegirá al presidente.
El proceso de aprobación de la ley en el parlamento implica una votación, tras la cual se envía al presidente para su consideración. El presidente puede vetar totalmente la legislación, proponer modificaciones o promulgarla. Sin embargo, el parlamento puede superar el veto o las modificaciones si obtiene dos tercios de los votos.
Ley de agentes extranjero
El gobierno de Georgia está intentando aprobar una polémica ley de “agentes extranjeros”, a pesar de la condena internacional y las enormes protestas de sus ciudadanos.
La ley, conocida como “Russian Law” por los manifestantes, tiene como objetivo identificar a organizaciones no gubernamentales y medios que reciban el 20% o más de su financiamiento de fuentes extranjeras como “organizaciones al servicio de poderes extranjeros”. Sus críticos argumentan que es un intento inspirado por el Kremlin para socavar la democracia y dañar la aspiración de Georgia de unirse a la Unión Europea.
La ley, que recuerda a una legislación rusa promulgada en 2012 y modificada en 2020 y 2022 para abarcar a personas físicas, amenaza las libertades de expresión y asociación de los ciudadanos georgianos. La Unión Europea, al igual que los manifestantes en Georgia, ha advertido que el avance de este proyecto sería un ataque directo a la libertad de expresión, la democracia y el camino de Georgia hacia la UE, algo que la mayoría de los ciudadanos georgianos apoyan.
A pesar del creciente rechazo al proyecto, el Parlamento georgiano sacó adelante el texto el miércoles con 83 votos a favor y cero en contra, en una primera lectura boicoteada por la oposición.
La presidenta de Georgia, Salomé Zurabishvili, una de las principales opositoras a la ley, ha denunciado las intenciones del gobierno de alejar a Georgia de la senda europea y llevar a cabo un proceso de “re-sovietización”. Zurabishvili tiene la intención de vetar la ley, pero ha reconocido que sus poderes son principalmente simbólicos. Su veto podría ser anulado por la mayoría parlamentaria del gobierno.
Todavía queda un largo camino por recorrer, el veto presidencial está prácticamente asegurado, y la búsqueda por parte del oficialismo de dos tercios para evadir a la presidencia es muy compleja, dado que le faltan 17 bancas para intentarlo. Por su parte, la resistencia civil pacífica que está llevando el pueblo georgiano, que a su vez enfrenta crecientes niveles de represión por parte de las fuerzas policiales enviadas por él gobierno, aspira a tener un futuro democrático y europeo, podría ser determinante para la pequeña y joven república del este Europa.